La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible parece que será una realidad cercana tras años de debates y demandas. Una ley necesaria en la que estarán implicados todos los actores sociales: empresas, ciudadanos y administraciones públicas. Una ley que favorecerá la transición económica a un modelo sostenible y para la que partimos con una ventaja: ya existen (existimos) soluciones que favorecerán esta adaptación y transformación a aquellas compañías necesitadas de salidas que no impliquen inversiones imposibles en un momento de incertidumbre económica y energética.
Desde hace mucho tiempo sobrevuela la Ley de Movilidad Sostenible. Mucho hemos escuchado o leído sobre la misma, pero más allá de lo que el anteproyecto recoge sobre las implicaciones que traerá consigo la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en poblaciones de más de 50.000 habitantes, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, realmente poco se sabe sobre esta nueva normativa y su impacto medioambiental y social.
Términos como movilidad sostenible o vehículos eléctricos e híbridos son los que copan muchos de los espacios informativos, pero la realidad es que esta normativa ya está aquí y es mucho más profunda. Precisamente, hace apenas unas semanas, el 14 de noviembre, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en el marco del III Observatorio de la Movilidad de un diario de difusión nacional, incidió en que el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible por fin llegará al Congreso de los Diputados antes de finalizar el año para su pronta aprobación, puesto que “el Consejo de Ministros dará luz verde al texto en segunda lectura en las próximas semanas”.
Las leyes, en este sentido, hay que entenderlas siempre no como una solución universal o eterna a una realidad concreta, sino como un paso en una dirección (algunos considerarán que correcta y otros no) que pretende atajar una situación que ha de corregirse. Y esta normativa es eso, un paso que había que dar, pero que verá sus resultados y sus frutos apoyada por otras vías de actuación; en este caso, hablamos de la Estrategia de Movilidad Sostenible y Conectada 2030 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las que se pretende avanzar en la descarbonización y la digitalización del sector de la movilidad. En definitiva, se trata de un todo conectado entre sí que mira hacia un mismo punto.
Uno de los principales aspectos que tratará esta normativa es la de priorizar la movilidad activa (peatones, bicicletas u otros vehículos de movilidad personal –VMP-), facilitar las alternativas a la movilidad privada mediante sistemas de transporte público a demanda y la movilidad colaborativa o compartida; e instaurar la obligatoriedad para aquellas empresas que superen los 500 empleados de elaborar y disponer de planes de movilidad sostenible, ya sea facilitando el movimiento previamente indicado o con modelos laborales híbridos o a distancia. Esto supone que las grandes compañías deberán encontrar aliados estratégicos que les ayuden a implementar y a ejecutar planes de movilidad sostenible con flotas privadas de motosharing, por ejemplo, o a través de sistemas de movilidad compartida con vehículos cero emisiones.
Estos datos arrojan una luz clara sobre la problemática a la que nos enfrentamos y la obtención de una información cada vez más detallada es crucial para paliarla sin dejar atrás el necesario crecimiento económico, por lo que la transición a una movilidad cada vez más “verde” o menos contaminante ha de hacerse al lado de las empresas y los ciudadanos; debe ser una transición medioambiental y económica para que nuestro crecimiento sea sostenible también y nuestro tejido productivo descanse, cada vez más, en soluciones medioambientalmente “sanas”. Es importante recalcar, en este punto, que el propio anteproyecto incide en que “las administraciones públicas promoverán la recopilación de información para mejorar el conocimiento de los impactos ambientales del transporte”; es decir, la obligatoriedad de calcular la huella de carbono del ejercicio empresarial o comercial.
Sin duda esta ley hay que recibirla como un hito con una clara visión de futuro, del mundo que dejaremos a las generaciones venideras, y como una herramienta con la cual será más fácil y eficiente ejecutar la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que hace especial hincapié en lo subrayado anteriormente: seguridad, sostenibilidad (social, económica y medioambiental) y conectividad.
Es este último aspecto, el de la conectividad, el que va a resultar primordial a la hora de que las empresas y los ciudadanos adopten y contribuyan satisfactoriamente a la nueva realidad que dibuja esta normativa, pero partimos desde una posición ventajosa. Ya existen soluciones que ayudarán y acompañarán, en este tránsito, a las compañías o sectores económicos y empresariales que no estén preparados en este momento o a los que les resulte muy costoso en términos de inversión adaptarse. La digitalización y el avance tecnológico son necesidades que ya cubren empresas como PandaGo, primera plataforma de movilidad sostenible para empresas y líder en renting de motos y vehículos cero emisiones, por poner el ejemplo más cercano del que dispongo, y a través de la cual se puede desarrollar y formalizar todo el proceso de contratación de vehículos eléctricos y la gestión operativa de flotas de un modo eficiente, digital y rápido.
No cabe duda de que numerosas compañías tendrán que buscar o requerir este tipo de servicios para desarrollar sus tareas y negocios con normalidad y más teniendo en cuenta que en las poblaciones de más de 50.000 habitantes no se podrá circular, en las almendras centrales al menos, con vehículos con que no dispongan de un bajo impacto medioambiental. Y el uso de estas soluciones, además de necesarias, son positivas para cualquier compañía, ya que tienen (tenemos) la capacidad de medir el impacto tanto económico (en términos de ahorro de combustible) como medioambiental (en términos de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas); todo ello sin tener en cuenta que se le brinda a las empresas una “etiqueta” sostenible que le abrirá las puertas a otro tipo de ayudas y usuarios.
En definitiva, entendemos, como uno de los actores implicados y que favorecerán el desarrollo de esta normativa, que la promulgación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible es necesaria desde un punto de vista social, medioambiental y de credibilidad como país ante los acuerdos alcanzados y comprometidos con nuestros socios europeos; sin duda, tendrá un gran impacto a nivel nacional reduciendo las emisiones generadas y ayudando así a crear ciudades más sostenibles.
